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¿Violencia o violencias? Antes y durante el estallido social chileno 18/O

Por: Rodrigo Ganter S. y Óscar Basulto G. 

A dos meses del estallido social en Chile y luego de una evidente crisis de legitimidad del sistema político para gestionar y procesar lo sucedido; sumado a los urgentes problemas de orden público que se derivan de este complejo escenario, consideramos que se hace urgente explicar los principales factores que están a la base de los hechos de violencia que erosionan y fracturan nuestra convivencia democrática; poniendo en cuestión las propias demandas de un movimiento amplio, legítimo y transversal.

Más allá de la estrategia de desgaste que ha privilegiado el Gobierno, el movimiento sigue contando con un amplio apoyo por parte de la ciudadanía, como señalan las recientes encuestas. Lo anterior nos exige, como comunidad, el visualizar y proponer alternativas que nos permitan ir desactivando el circuito de la violencia en el cual hemos estado entrampados, con el objeto de relevar la agenda social y política que por momentos se invisibiliza frente a estos hechos.

¿Por qué ahora?

La evidencia expuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012) sobre esta materia, en su estudio sobre Protesta Social en América Latina, plantea que en los países más desiguales y con altos índices de desconfianza interpersonal y en las instituciones (como es el caso chileno), hay una mayor propensión a que se desaten acontecimientos como los iniciados el 18/O, con episodios que involucran protestas masivas y violencias de diverso origen.

El informe “World Protests 2006-2013”, realizado en 84 países, muestra como a partir del año 2010 las protestas se intensifican, identificando cuatro grupos de causas: justicia económica (488 episodios); crisis políticas y del modelo de democracia (376 episodios); resistencia frente a organismos internacionales o tratados de libre comercio (311 episodios); defensa de los derechos humanos y a los bienes comunes (302 episodios). Así, el caso chileno no constituye una excepción o anomalía en el contexto global y Latinoamericano.

Es importante reconocer como distinción del caso, que las cuatro causas que señala World Protests se presentan de modo simultáneo durante 2019 y se influyen mutuamente. Ahora, más allá de esta explosión sincrónica de octubre, el primer semestre del año 2019, con el llamado TPP-11, ya habíamos experimentado, particularmente en escenarios universitarios, las señales de esa energía “volcánica” que se venía acumulando por más de 30 años. Lo propio con la resistencia del pueblo Mapuche y los ciclos de protesta ligados a la revuelta pingüina de 2006; el movimiento estudiantil en 2011; y el mayo feminista chileno de 2018, también fueron señales de la intensa actividad en este “magma” volcánico.

En el caso de lo que nuestro equipo de investigación viene pesquisando, desde el año 2011 a la fecha, a través de estudios sobre Narco-Cultura, proyecto Anillo Juventudes y el Fondecyt Postdoctoral sobre Criminalización del Movimiento Estudiantil; lo nuevo del estallido social en Chile se asocia precisamente con el carácter explosivo de estas expresiones, su forma inorgánica y transversal, esto es, que no responde a la dinámica de un movimiento social clásico, con la conducción de líderes, o bien, a la lógica de izquierdas y derechas, sino más bien, al eje vertical donde se ubica la elite y los de abajo; donde no predominan las ideologías, sino las causas de diversa procedencia, lo que se conoce como activismo sincrónico y acción conectiva generacional; donde lo importante no es tanto quién emite el mensaje, sino quiénes lo reciben y qué hacen con él (como en el caso del colectivo Las Tesis). De ahí la proliferación de redes con escasa estructura, las comunidades autoconvocadas, las coordinadoras como 8M, No + AFP, Modatima, Ukamau o el colectivo Las Tesis, sin relación directa con actores políticos convencionales.

Al final del día, no hay un actor que represente demandas, ni demandas definidas y jerarquizadas con claridad, por lo cual se hace más complejo procesar institucionalmente el clamor “coral” de la calle y la multitud.

Ilustración: Andrés Oreña P.

Factores

Estamos claros que se trata de un fenómeno que no se inició el 18/O. Preferimos hacer hincapié más que en “La” violencia, en lo que denominamos tramas de violencia y su historicidad, lo que significa reconocer lo que la literatura identifica como un fenómeno cíclico y que la mayoría de las veces opera como trama o red sinérgica de violencias en escenarios de conflictividad social. Algunos investigadores, como el Profesor J. Galtung de reconocida trayectoria internacional en el tema, hablan del “Triángulo de la Violencia” para referirse a que la violencia se asemeja a un iceberg, donde la porción visible (la que pueden captar los noticieros, la prensa y las redes sociales), es una pequeña parte del conflicto actual, de modo que iniciar un proceso de desactivación de la violencia supone actuar sobre una trama donde coexisten diversos tipos de violencia y sus respectivos factores detonantes.

En el marco de esta clasificación, el primer tipo de violencia que identificamos en el escenario actual es lo que se denomina violencia directa o explícita, y se encuentra en el nivel más superficial y expuesto, generalmente se trata de comportamientos que se ejercen de modo directo sobre la integridad física de las personas o grupos humanos, aquí nos encontramos con situaciones como los femicidios o el maltrato infantil. En lo específico del escenario actual aparecen las masivas y graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. En esta misma tipología podemos agrupar los actos vandálicos, saqueos, incendios intencionados contra la propiedad pública y privada, generados durante el estallido social.

En la zona más profunda de este iceberg es posible identificar dos tipos de violencia que, dado su carácter invisible o sumergido, no siempre se conciben como violencias: la estructural y la cultural.

En el primer caso, nos encontramos con fenómenos como la privatización y la expropiación de bienes comunes (como el agua); la segregación socio-residencial, donde las propias políticas de vivienda social de los últimos 30 años han sido incubadoras de guetos; la degradación del ecosistema y las zonas de sacrificio; el deterioro de la educación pública; el sistema patriarcal, los encubrimientos por parte de la Iglesia Católica frente a situaciones de abuso sexual; la usurpación de tierras al pueblo Mapuche; la desigualdad y la obscena concentración de la riqueza; la colusión de los grupos económicos; la precarización laboral; el sistema de AFP; el propio neoliberalismo aplicado de modo extremo en Chile durante casi medio siglo, y su concepción de Estado subsidiario, mediante el cual se termina financiando al sector privado.

Estos son algunos de los fenómenos que están a la base histórica del malestar colectivo, su radicalidad y las violencias que se encontraban hibernando, y que los estudios estuvieron señalando por muchos años que en algún momento se produciría un estallido social, sobre todo si estos fenómenos interactuaban entre ellos y si se le iban sumando en el camino otros potenciales acelerantes de coyuntura.

En el segundo caso, y muchas veces coexistiendo con otros tipos de violencia, identificamos a la violencia cultural o simbólica, operando de modo naturalizado en nuestras actitudes e interacciones cotidianas, como es el sexismo, el adulto-centrismo, la xenofobia o la homofobia; pero también lo que se conoce como denostación, discriminación, “ninguneo” o falta de reconocimiento a ciertos grupos sociales, particularmente los más precarizados.

En lo específico del escenario actual, el Fondecyt sobre Criminalización del Movimiento Social ha pesquisado una fuerte estigmatización y criminalización de la protesta y la desobediencia civil frente a las diversas formas de autoritarismo y abuso de poder; esto de preferencia se ha detectado para el caso del propio gobierno, las fuerzas policiales, las elites económicas y políticas, y algunos medios de comunicación tradicionales. Lo que nos habla de una importante asimetría de poder y de difusión para que la criminalización tenga efecto en la opinión pública.

Las evidencias que viene encontrando nuestra investigación, a modo de síntesis, pueden quedar representadas al interior de lo que llamamos narrativas binarias, es decir, de amigos y enemigos, de civilización o barbarie. Esto se aprecia en los siguientes fragmentos de prensa pesquisados: “Como la quimioterapia, se matan células buenas y malas” (jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general Enrique Bassaletti, el 22 de noviembre).

“Estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable. Que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos (…), no respeta nuestras infraestructuras más básicas como son el Metro o nuestros hospitales. Un enemigo que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite” (Presidente Sebastián Piñera, 28 de noviembre).

En este mismo plano, las recientes medidas en torno al orden público enviadas por el Gobierno al Congreso, tienden a reforzar los procesos de criminalización del movimiento social y la protesta ciudadana. El Gobierno, vía populismo penal, confunde la desobediencia civil con la delincuencia común en el marco del movimiento ciudadano.

Las iniciativas como la ley anti-saqueos, la ley anti-barricada o la ley anti-encapuchados, y el aumento de penas en estas materias, no generan un efecto disuasivo en quienes protagonizan dichas conductas, según nos muestra la evidencia empírica. Habría que precisar ¿cuál es el bien jurídico que estaría afectando la capucha o la pañoleta verde de las feministas en el rostro? Para coaccionar estas conductas el ordenamiento jurídico ya cuenta con las herramientas pertinentes cuando el caso lo amerita, por ejemplo, a través de lo que se denomina “control de identidad de tipo investigativo”.

Los más afectados

En general se trata de una tragedia a nivel nacional con secuelas de todo tipo y de diversa magnitud y gravedad, que incluye desde pérdidas de vidas humanas hasta alteraciones en la salud mental de la población. Las estadísticas del informe de Human Rights Watch (HRW), muestran que desde el 18/O hasta el 22 de noviembre, existen 11.564 casos de personas heridas en manifestaciones; de preferencia se trata de gente joven.

En ese sentido, el último reporte de la Sociedad Chilena de Oftalmología señala la existencia de 220 personas afectadas por traumas oculares, donde el 77% tiene su origen en impacto por perdigones disparados por Carabineros, hecho sin precedentes en el mundo, concluyendo que se trata mayoritariamente de jóvenes entre los 14 y los 28 años de edad, de los cuales el 87% son varones y el 13% son mujeres. Lo que nos indica que estamos frente a prácticas punitivas selectivas muy cercanas a lo ocurrido en países como Colombia o México, frente a situaciones de crisis social, lo que se califica como juvenicidio o intentos de juvenicidio.

Consideramos que el Gobierno no tomó medidas oportunas, necesarias y eficaces para evitar que los graves y masivos atropellos a los derechos humanos se continuaran sucediendo, incluso después de evacuado el informe de HRW.

¿Quién protesta?

Es complejo contestar tan taxativamente esta pregunta, pero nosotros hemos estado etnográficamente generando evidencia preliminar, y adaptando el modelo que se aplicó en Londres para el caso de los disturbios urbanos durante 2011; estudio aplicado por el National Centre for Social Research, donde se preguntaron ¿qué motivó a ciertos grupos de jóvenes a participar en los disturbios y qué factores influyeron para que otros grupos de jóvenes no se involucraran en dichos disturbios? Los resultados proponen una tipología de los perfiles de manifestantes y participantes en los disturbios. Esta tipología no difiere sustantivamente de lo que nosotros hemos ido encontrando en las protestas durante estas últimas 6 semanas. Aspectos que pueden resumirse, provisoriamente, en la infografía de Anillos concéntricos y porosos, que implican posiciones móviles de sujeto, por tanto, no estamos frente a una estructura estática y militante, sino más bien frente a una red de actores con tareas móviles y colaborativas, en algunos casos con un cierto nivel de coordinación táctica.

En cuanto a los factores detonantes más relevantes para la participación en las protestas destacan: el efecto imitación de pares (muchas veces promovida por redes sociales), la sensación crónica de frustración y de abuso de poder o la desconfianza en Carabineros. En rigor lo que se observa no es pura y simple criminalidad en las manifestaciones. Las evasiones masivas en el Metro incluyeron un componente dedesobediencia civil importante frente a situaciones consideradas de abuso. Recordemos la lucha por los derechos civiles en Alabama, donde Rosa Parks cumplió un papel emblemático y detonante en el movimiento social contraviniendo las leyes segregativas al interior del transporte público.

Alternativas

Junto con el rechazo categórico frente a toda forma de violencia como modo de resolver conflictos, hay que enfatizar que la mayoría de las expresiones de furia explosiva, desatada por manifestantes en la calle durante esta crisis, tienen su origen en una frustración crónica, larvada durante años a partir de la aplicación de un modelo neoliberal extremo y sin contrapesos, profundizado y perfeccionado durante estos últimos 30 años. En ese sentido, las transformaciones estructurales y no las medidas correctivas al modelo no pueden perderse de vista, sobre todo en el horizonte de una sociedad que garantice derechos colectivos en el marco de un nuevo pacto social.

Dicho esto, como estamos frente a tramas históricas de violencia que operan en distintos niveles y con diversos efectos, sostenemos que la idea del control policial y militar no necesariamente nos devolverá la paz social. Como hemos visto, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, por lo mismo, hay que privilegiar miradas más multidimensionales y holísticas; considerando que cada tipología de violencia no pude ser encarada del mismo modo, por lo cual se requieren abordajes diferenciados.

En lo inmediato, habría que avanzar en una agenda social robusta, transparente y con un cronograma bien definido y difundido, donde los territorios y los barrios más precarizados sean los epicentros de la intervención y la transferencia de recursos, particularmente definiendo grupos prioritarios como niños/niñas, las y los jóvenes que no estudian ni trabajan, pueblos originarios y adultos/as mayores. En ese plano, habría que fortalecer las variables subjetivas para la cohesión social, como el sentido de pertenencia, la participación ciudadana y el protagonismo de las comunidades, lo que implica desafíos no sólo materiales, sino también socioemocionales, como la dignidad de las personas y el reconocimiento de los y las olvidadas.

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