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Monumentos, identidades y memoria

Por Ximena Cortés Oñate

En el espacio y en el imaginario social, la relación de la sociedad con sus símbolos tensiona constantemente la memoria y la identidad, en la disputa por el espacio público.

A partir del 18 de octubre de 2019, múltiples intervenciones a monumentos en Santiago y diversas regiones de Chile pusieron en discusión la pertinencia y el significado de estas reacciones ciudadanas.

Para el arquitecto Leonardo Seguel, la sola mención de la palabra “público” lleva implícita la idea de lo compartido, y lo que pertenece a toda la comunidad. “Al referirnos al ‘espacio público’ se abre un imaginario tridimensional que se vincula a la experiencia vivencial en lo colectivo, imaginario referido a la existencia del lugar, dentro de un contexto urbano”.

Académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, Seguel manifiesta que “la existencia y percepción de un sentido de identidad en la experiencia de habitar la realidad urbana de las ciudades latinoamericanas -en general, desde la trama de damero impuesta por la Conquista-, ha sido un recurrente tema de discusión en todas las áreas del conocimiento, especialmente en la arquitectura”. Y agrega que el lenguaje que se ha ido configurando en torno a la imagen de los espacios públicos, “no siempre refleja fielmente el espíritu de la vida cotidiana que genera nuestra realidad cultural, sus genuinos aconteceres y ritos, generando una falta de sentido de pertenencia afectiva con la ciudad”.

Leonardo Seguel: “La arquitectura debe generar escenarios urbanos que acojan los aconteceres ciudadanos y promuevan una coherencia cultural y afectiva, interpretando el sentir de sus habitantes”.

Desde fines de 2019, se ha podido apreciar más fuertemente un empoderamiento de gran parte de la ciudadanía, que interpela, a través de los monumentos públicos, al autoritarismo oligárquico y patriarcal, así como al colonialismo. La relación de la sociedad con sus símbolos parece haber cambiado.

Al respecto, el sociólogo Rodrigo Ganter señala que “más que a cambios de la sociedad con ‘sus’ símbolos, si es que convenimos en que efectivamente se trata de ‘sus’ símbolos, esto se vincula con un cambio sustantivo en el modo en que la sociedad y las comunidades se relacionan con el poder, particularmente con las elites económicas, políticas e intelectuales, la autoridad, los grupos que han privatizado las funciones del estado, etc.; Y, consecuentemente, con los relatos, la historia, los símbolos y las prácticas que estas elites han venido privilegiando e imponiendo históricamente; algunas veces por la fuerza, otras veces sin el menor grado de deliberación, participación, apertura y escucha respetuosa hacia la ciudadanía y las diversas comunidades”.

Rodrigo Ganter: “Las dinámicas que se han producido en torno a las intervenciones o retiros de monumentos públicos, van más allá de actos pura y simplemente delincuenciales, vandálicos o atentados”.

Doctor en Estudios Urbanos y académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, Ganter explica que eso “se llama violencia simbólica y tiene diversos efectos acumulativos, muy perniciosos y corrosivos en la experiencia subjetiva y la convivencia democrática, que pueden generar reacciones muy inesperadas cuando hay un trato desigual o cuando se institucionaliza la invisibilización o la falta de reconocimiento histórico de un pueblo o grupo humano específico”.

Desmonumentalización

De las 621 estatuas, bustos y placas conmemorativas de las principales ciudades de Chile, sólo un 4,7% corresponde a obras dedicadas a mujeres. De ahí que un monumento pareciera representar las relaciones de poder y, de ahí también, que las intervenciones presenciadas estos últimos años parecieran buscar visibilizar las historias y memorias excluidas de la narrativa oficial.

Sobre la interpretación de los monumentos nacionales como una materialización de las relaciones de poder, Laura Benedetti se declara de acuerdo. “Ello se fundamenta en la aplicación sistemática de un discurso hegemónico que se ha difundido y canalizado a través del culto a los grandes personajes, miembros de las élites. Además, dentro de esas relaciones de poder el monumento/memoria oficial rebela el discurso oficial sobre nuestro pasado histórico”, señala la Doctora en Historia y Jefa de Carrera de Licenciatura en Historia de la Universidad de Concepción.

Y ahí es donde parece surgir las prácticas de “desmonumentalización”, que serían el correlato de las batallas de la memoria. A juicio de Ganter, las dinámicas que se han producido en torno a las intervenciones o retiros de monumentos públicos, van más allá de actos pura y simplemente delincuenciales, vandálicos o atentados. Tampoco, dice, se trata de episodios inéditos en la historia, hay reminiscencia de estos episodios asociada con otras coyunturas históricas.

Laura Benedetti: “Estamos en una coyuntura donde la sociedad ha dado muestras de la necesidad de reinterpretar nuestro pasado histórico, interpelando con ello a la memoria/historia oficial”.

El sociólogo llama a ser cautelosos: “Hay un estereotipo que predomina con fuerza en ciertos medios, y que generalmente tiende a instalarse en la opinión pública cuando ocurren este tipo de eventos”, señala.

En general, la gente que protagonizó estos hechos en ciudades como Concepción, Temuco, Santiago, dice Ganter, “no pertenecía a ninguna organización criminal. Muchos eran comerciantes, estudiantes, profesionales, desempleados, gente común. Algunos se autoconvocaron, otros se sumaron espontáneamente a lo que estaba sucediendo, para expresar su indignación frente al abuso, también su frustración crónica derivada de la experiencia del agobio biográfico o la precarización estructural que está en el ADN del Chile actual”.

Si bien no está la certeza de que estas acciones tengan una connotación o un sentido ideológico, en muchos de los testimonios de manifestantes del 18-O hay un claro y explícito contenido político referido a esas acciones. Ganter se refiere a la llamada “desmonumentalización” como un claro ejercicio selectivo de decidir, colectivamente, cuáles monumentos se destruían y cuáles se conservaban y protegían, por ejemplo, recuerda, los monumentos que hacían referencia a la lucha del pueblo Mapuche.

“Desde mi punto de vista, el mensaje político fue más o menos nítido: abajo los de arriba y arriba los de abajo; abajo los privilegiados (varones, blancos, europeos, militares, etc.), arriba los y las que históricamente han sobrado, arriba los nadie, arriba la gente anónima. O, por lo menos, implicaba dejar a dichas figuras monumentalizadas por el Estado, en una condición simbólica de simetría con la plebe”, dice.

A su juicio, “lo que hay ahí es un acto colectivo que responde a una racionalidad: la de la desobediencia civil, por cierto, cargada de emocionalidad y hambre de dignidad, y que podríamos asociar con una acción profundamente destituyente; es decir, después de 30 años el mensaje fue: perdieron su poder, perdieron su lugar y su estatus, perdieron su legitimidad, agotaron mi paciencia y mis años de aguante, ahora váyanse, nosotros soberanamente recuperaremos lo expropiado históricamente por una minoría con domicilio conocido”.

Con él coincide Bárbara Lama, quien supone que “tiene que ver con que los monumentos públicos son acciones concretas de las hegemonías culturales y políticas de turno para instalar o legitimar narraciones y para ello utilizan múltiples plataformas”, señala la docente de Teoría e Historia del Arte en el departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción.

Bárbara Lama: “Los monumentos públicos son acciones concretas de las hegemonías culturales y políticas de turno para instalar o legitimar narraciones y para ello utilizan múltiples plataformas”.

Derecho a la ciudad

Ahora, ¿tenemos todos los ciudadanos el mismo “derecho a la ciudad”? La abogada Valeska Opazo explica que “nuestro sistema jurídico no contempla un derecho a la ciudad de manera expresa. Lo que existe es una institucionalidad pública responsable de la política habitacional del país y del desarrollo urbano: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Serviu”.

Valeska Opazo: “Nuestro sistema jurídico no contempla un derecho a la ciudad de manera expresa”.

No obstante, el ordenamiento jurídico reconoce la existencia de bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación. “Son los llamados bienes nacionales de uso público, como las plazas, calles, caminos. Estos bienes no son susceptibles de apropiación privada, ya que el fin perseguido es que sean aprovechados por todos los habitantes del país de manera igualitaria, libre y gratuita”, señala la profesora de Derecho Administrativo, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

“Para resguardar el uso común y evitar que estos bienes puedan ser objeto de acciones destinadas a su ocupación ilegal, que menoscabe su uso o los destruya, el Delegado Presidencial Provincial (actualmente gobernador provincial) tiene el deber de vigilar y cuidar los bienes nacionales de uso público. Por ejemplo, pueden exigir su restitución inmediata”, señala la abogada.

Por otra parte, son las Municipalidades las encargadas de administrar los bienes nacionales de uso público existentes en su comuna. “En el ejercicio de esta facultad pueden, por ejemplo, asignarles nombre a las calles, mantener estos bienes en condiciones de no generar daños a los usuarios y otorgar permisos y concesiones”, sostiene Opazo.

De tal manera, existen entidades responsables de los bienes públicos. ¿Qué pasa con el patrimonio, que es la herencia de toda la comunidad?

La entidad encargada de decidir qué se declara monumento y qué no, así como sobre la tuición y protección de estos sitios, es el Consejo de Monumentos Nacionales. La actual demanda de la sociedad pareciera evidenciar la necesidad de revisar esa función.

Para el director del Magister de Arte y Patrimonio de la Universidad de Concepción, Javier Ramírez, la actual Ley 17.288, de Monumentos Nacionales, que data de 1970, no define ni identifica en la legislación nacional el concepto de Patrimonio Cultural, sino que se sitúa (art. 1) en la cuestión del Monumento Nacional, sólo refiriéndose a productos culturales representativos de un Estado Nación.

Javier Ramírez: “Tanto la conceptualización como el uso y significado del Patrimonio Cultural han tendido a ser diversos, no una idea estática y homogénea de los valores culturales que comparten un país y una comunidad”.

“Esta cuestión para nada tiene que ver con el problema del Patrimonio Cultural, cuya promoción tomó fuerza a contar de la Convención de la UNESCO de 1972, de la que el Estado chileno es parte. Por lo tanto, se trata de dos términos, atributos y valores muy diferentes entre sí. En consecuencia, la idea que se ha propagado del Derecho a la Ciudad, busca centrarse en el lugar que debe tener la ciudadanía, las comunidades de un territorio, en las políticas de desarrollo y gobernanza de áreas urbanas. Contrario de la idea de que las políticas públicas sean encauzadas sin participación ciudadana, desde un Estado centralizado”, sostiene.

Isidoro Valenzuela M.

¿Qué se protege y para qué?

Según Seguel, “el mapa mental del habitar que llevamos dentro está construido a través de una secuencia fenomenológica de arraigo significativo con los lugares, una trama afectiva intangible de atmósferas cotidianas, sonidos, aromas y ritos, como una síntesis que se superpone al orden urbano establecido, constituyendo la memoria intersubjetiva de la ciudad que realmente vivimos. Así, la arquitectura tiene la misión de generar escenarios urbanos que acojan plenamente los aconteceres ciudadanos y que promuevan una coherencia cultural y afectiva, interpretando el sentir de sus habitantes”.

Para Lama, en tanto, “la memoria y la identidad son construcciones narrativas en constante movimiento, si se quiere en tensión y disputa, dentro de los campos de poder. Son los agentes de la sociedad civil quienes cuestionan la narrativa hegemónica política y económica que encarna su poder en esos relatos naturalizados de cultura, memoria e identidad”.

Sostiene que, frente a lo diverso de la sociedad, no es necesariamente correcto decir que la gente en Copiapó o Magallanes tiene una relación de cuestionamiento con sus símbolos porque en Valdivia, Concepción y Santiago “botan estatuas o iglesias”. “No sé si es bueno atribuir el discurso central a las particularidades. Lo que sí me parece es que el malestar es sistémico, y eso sí ha sido violento en todos los espacios objetivos y subjetivos de nuestro país”, señala.

Desde esa mirada, Lama cree que para “reformular los símbolos con los que hemos pensado nuestra idea de nación tan centralistamente avasallante”, es muy posible que deban repensarse “muchos símbolos, porque ya no sabemos siquiera qué significan ni qué historia representan”.

Considerando que, en muchas ocasiones, una afrenta a la materialidad de una escultura o estatua es considerada una ofensa a la persona en sí y a su rol en la historia, ¿qué se protege como monumento nacional y para qué? Según Benedetti, “se está protegiendo la historia oficial / tradicional que se basa en los grandes héroes y en las hazañas que glorifican al Estado y que sirvieron para reforzar la idea de nación o unidad nacional”.

Ramírez, por su parte, cree que “tanto la conceptualización como el uso y significado del Patrimonio Cultural han tendido a ser diversos, no una idea estática y homogénea de los valores culturales que comparten un país (nación) y comunidad (sociedad civil). ¿Por qué existen bienes culturales, tangibles o intangibles, que deben ser protegidos y otros que no? Es algo que ya no depende de un grupo de expertos ni del Estado. Todo cambió, sobre todo luego del término de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy el fin ya no son los objetos (bienes artísticos, arquitectónicos, etc.), sino los sujetos”.

Reinterpretar el pasado

A partir de los datos generados en el marco de la investigación “Sujetos del levantamiento en Chile”, financiada por la Fundación Rosa Luxemburg durante 2020, y del proyecto multidisciplinario VRID–UdeC sobre “Repertorios de acción colectiva en el ciclo de protestas del año 2019”, coordinado por Ganter, se ha identificado una diversificación de campos de conflictividad en el Chile actual.

“Muchas de estas dinámicas están protagonizadas por movimientos sociales y distintos tipos de activismos que se expresan en las luchas por el agua, el territorio, los derechos reproductivos, la descolonización del cuerpo, las pensiones dignas, el derecho a la ciudad, etc. Estas luchas hoy están convergiendo cada vez más y tienden a construir -críticamente- una narrativa compartida, sobre todo frente a un proceso histórico de privatización y mercantilización de ciertos bienes, tangibles e intangibles que, en principio, debieran ser comunes”, dice.

La memoria también se constituye en una arena de disputas y/o negociaciones. “Antes que todo, la memoria es un proceso social, una relación social dinámica, donde intervienen diversos intereses, agentes, comunidades, instituciones, procesos históricos, sentidos y significados de la gente, etc. Dicha disputa gira en torno a qué elementos y relatos deseamos, como sociedad, conservar, comunicar y proyectar hacia las futuras generaciones”, señala el sociólogo, quien además es investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Activismos y Subjetividad Política (Olas-Sur).

Ganter no duda en señalar que el 18-O constituye uno de los tres acontecimientos sociopolíticos más importantes de los últimos 50 años de historia en Chile. “Ello permite correr el límite de lo posible en el país donde se aplicó de modo más extremo un régimen neoliberal. Por lo mismo, una de las trincheras de esa disputa de la memoria se jugaría entre los imaginarios del `privilegio´ y los imaginarios de la `dignidad´”, señala.

A su juicio, “en el primer caso nos encontramos con un miedo antiguo que viene del tiempo de la colonia y que se actualiza en posturas neoconservadoras y, en el segundo caso, nos encontramos con los imaginarios de futuro, que ponen en el centro la dignidad y la esperanza de que otro Chile es posible”.

En ese sentido, Benedetti considera que “estamos en una coyuntura donde la sociedad en su conjunto ha dado muestras de la necesidad de reinterpretar nuestro pasado histórico, interpelando con ello a la memoria/historia oficial”. Por ello, sostiene que se hace necesario “comprender la naturaleza del contexto que se inició en octubre del año 2019 y que da cuenta de que el estadillo social tiene como trasfondo el desborde de dolencias colectivas y de las dinámicas que se dan en el espacio público”.

Libros recomendados

-La Reflexión Cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia, Humberto Giannini. Editorial Universitaria.

-La Ciudad Letrada, Ángel Rama. Tajamar Editores, 2004.

-Residuos y Metáforas. Ensayos de critica cultural sobre el Chile de la transición, Nelly Richard. Editorial Cuarto Propio, 2001.

-Concepciones de Concepción: imágenes y etnografías de vida urbana, Rodrigo Ganter y Rodrigo Herrera. Ediciones Universidad de Concepción. 2014.

-Memoria, patrimonio y ciudadanías, Hugo Castro (Editor). RIL Editores, 2019.

-La construcción del Estado. Democracia de los pueblos, militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Gabriel Salazar. Sudamericana, 2006.

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